El 25 de marzo de 1957, se reunieron en Roma los jefes de Gobierno y ministros de asuntos Exteriores de Bélgica, Francia, Holanda, Italia, República Federal Alemana y Luxemburgo para mirar el Tratado fundacional de la Comunidad Económica Europea. Los representantes de seis países europeos altamente industrializados, con 200 millones de habitantes establecidos, firmaron un documento elaborado durante los dos años anteriores que preveía una unión escalonada en tres pasos: la Unión Aduanera, la Unión Económica y la Unión Política.
Los dos peldaños iniciales eran claros entre los firmantes: la eliminación de las barreras arancelarias y fiscales y la libre circulación de todos los factores de la producción (bienes, mercancías y personas). El tercer escalón, la Unión Política, que plasmaba aquella hermosa aspiración de Jean Monnet: “No nos limitamos a agrupar Estados, sino que estamos unificando los pueblos”, se veía más con desiderátum que como una posibilidad real. La II Guerra Mundial había finalizado doce años antes y el ambiente en Europa estaba inevitablemente cargado de miedo, rencor y desconfianza.
El año 1993 es clave para comprender uno de los efectos positivos de la UE: tras un largo periodo de liberalizaciones y de armonización, los flujos intracomunitarios perdieron su carácter internacional y pasaron a ser interregionales, esto es, que se producen dentro del mercado interior único. Además la UE se convirtió en el espacio comercial de más fácil acceso en todo el mundo por las continuas reducciones del Arancel Aduanero Común y por la ausencia de picos ultraproteccionistas para los productos más sensibles como todavía sucede en EEUU, Japón, etcétera.
Desde 1998, la moneda común, el euro, representa toda una culminación histórica, al servir de circulante único para un grupo de países que representan el 25 por cien del PIB mundial. El uso del euro ha eliminado los costes de transacción y las gravosas comisiones de cambio de moneda; se ha convertido en una moneda refugio para ahorradores no importa de dónde y también de reserva para los bancos centrales, en abierta competencia con el dólar.
Siguiendo los principios de solidaridad y cooperación, la UE ha desarrollado unos notables resortes con el objetivo de distribuir la riqueza y la renta desde los enfoques sectorial y territorial. En primer lugar, ha practicado una activa política sectorial y territorial compensatoria desde el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otras instancias, para impulsar un crecimiento más rápido de las áreas desfavorecidas de la Comunidad, además de programas para sectores específicos como el Fondo Europeo de Desarrollo Agrario (FEDEAR) para las comarcas rurales, con resultados muy apreciables. Otro tanto puede decirse del Banco Europeo de Inversiones para cualquier tipo de proyectos, y del Fondo de Cohesión, a efectos de infraestructuras y medio ambiente
La Política Agraria Común (PAC) ha impulsado de modo extraordinario las producciones de alimentos y materias primas, incluyéndose en los últimos tiempos nuevos campos, como la bioenergía. La Unión Europea tiene en estos momentos unos doce millones de agricultores, entre los cuales la palabra desempleo es virtualmente desconocida, con un gasto comunitario PAC en torno al 40 por 100 del presupuesto común, pero equivalente a sólo el 0,4 por 100 del Producto Interior Bruto (PIB).
La PAC cumple tres funciones básicas: previene la eventual incidencia negativa del arma alimentaria que podrían utilizar los grandes países exportadores agrícolas como EEUU, Brasil…; es la base de una potente industria dedicada a la producción de alimentos y asegurar la conservación del territorio, al convertirse los agricultores –que gestionan, con los agentes forestales, el 90% del territorio- en los verdaderos guardianes de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de elementos tan positivos, la Política Agraria Común tiene el grave problema de que el gran avance productivo no ha tenido su correspondencia en términos de progreso técnico y eficiencia. Las asignaturas pendientes pasan por un desarrollo rural adecuado para el bienestar de todos, agricultores y no agricultores y es fundamental redimensionar las explotaciones para lograr economías de escala y mayor valor añadido.
Las acciones comunitarias en el campo del medio ambiente han sido altamente positivas, al haberse diseñado todo un modelo de regulaciones muy estrictas, para que en los más diversos sectores se actúe más ecológicamente. De este modo, se ha tratado de evitar el “el crecentismo” de las empresas a cualquier coste para el entorno. La UE ha dedicado un gran espacio de su actividad en términos de aire más limpio, aguas de mejor calidad, suelos no contaminados, menor ruido, etcétera. Y no podemos olvidar que ha impulsado iniciativas mundiales de gran importancia en relación con el cambio climático como el llamado Protocolo de Kioto contra el calentamiento global, en una actitud muy contraria al escepticismo de EEUU.