El pasado mes de septiembre, la consejera de Interior del Gobierno foral defendió la necesidad de llevar a cabo un “reajuste” de los efectivos policiales desplegados en Navarra, de modo que, «en la medida que la Policía Foral ejerza competencias exclusivas de la comunidad, los Cuerpos de Seguridad del Estado las abandonen».
La Consejera aludía así a uno de los principales problemas que plantea el modelo autonómico actualmente vigente. Un modelo basado en la duplicidad de competencias. En el Estado Autonómico no existe prácticamente ninguna materia sobre la que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas no puedan alegar simultáneamente un título competencial para ejercerlas. Este confuso reparto competencial derivado de la interpretación conjunta del Texto Constitucional, los Estatutos de Autonomía (incluidos entre ellos la LORAFNA), otras leyes, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional solo genera desorden e ineficacia. En su diagnóstico del problema, la Consejera lleva razón. Sin embargo, la solución que propone resulta muy discutible.
La única forma de poner fin al caos actual es reformar la Constitución para incluir en ella un reparto claro y preciso de las competencias entre el Estado y las Comunidades. Ese y no otro es el objeto de la reforma federal que algunos defendemos desde hace años. Ahora bien, ese reparto debe llevarse a cabo con criterios de racionalidad y eficacia, y dejando a un lado los prejuicios ideológicos. La tesis de que cuantas más competencias se atribuyan a las Comunidades Autónomas mejor porque estas llevan a cabo siempre “una gestión más eficiente y cercana al ciudadano” no puede ser aceptada. La tesis contraria según la cual es el poder central quien mejor puede ejercer siempre las competencias, tampoco.
De lo que se trata es de determinar, a la vista de la experiencia del funcionamiento del Estado Autonómico durante tres décadas, y del federalismo comparado, en qué casos la Comunidad Autónoma, puede ejercer una competencia de forma más eficaz y a un menor coste, y en qué otros casos es el poder central quién puede hacerlo mejor. Junto a este criterio de coste y eficacia, la lista de competencias del poder central deberá incluir todas aquellas necesarias para garantizar la unidad política y económica del Estado y la cohesión social (igualdad de condiciones de vida, igualdad en materia educativa, sanitaria…etc.). El reparto competencial deberá tener presente además que, en muchísimas materias, la competencia no deberá recaer ni en el Estado ni en las Comunidades Autónomas sino en la Unión Europea.
Este es el contexto en el que hay que abordar el debate planteado por la Consejera. Y en el campo concreto al que se refiere, la seguridad, las ventajas de la centralización son evidentes. El éxito de la lucha contra la criminalidad organizada, las mafias, el terrorismo islámico, los ciberdelincuentes, etc requiere muchos medios y sobre todo disponer de una información centralizada para hacer frente a todas esas amenazas. Es significativo que durante muchos años las organizaciones mafiosas de ámbito europeo tenían sus cuarteles generales en Bélgica por ser el Estado que contaba con mayor número de cuerpos de seguridad diferenciados.
Por ello, cualquier “reajuste” que suponga una disminución de los efectivos de los Cuerpos de Seguridad del Estado en Navarra debe ser rechazado. Incluso en ámbitos más limitados y concretos como la competencia en materia de tráfico (uno de los ámbitos en que se da la duplicidad) es preciso reconocer que la Guardia Civil ha venido cumpliendo con dedicación, esfuerzo y mérito, durante décadas, las funciones que ahora se reclaman. Los ciudadanos navarros le debemos gratitud por su buen hacer. Esa gratitud es incompatible con la exigencia de su repliegue.
Lamentablemente, el debate se sustenta sobre unas premisas ideológicas identitarias muy peligrosas: la Policía Foral es la “nuestra” y la Guardia Civil es un cuerpo “ajeno” a Navarra. Ocurre sin embargo que tan nuestra es la Policía Foral como la Guardia Civil. Y para aquellos que defendemos la unidad del Estado, la presencia de la Guardia Civil en las carreteras de Navarra, como en las de Murcia o cualquier otra región de España, cumple una función de cohesión y de vertebración del territorio y de la sociedad, a la que no podemos renunciar.
Para un ciudadano navarro tan “cercano” es un policía foral como un policía nacional o un guardia civil. Es lógico que aquellos cuyo objetivo político último es la destrucción del Estado Constitucional (para sustituirlo por una serie de miniestados), se agarren al tópico de lo cercano. Pero por eso mismo, los partidos constitucionalistas no pueden asumir esos tópicos. Y todo lo dicho en materia policial y de seguridad pública es extrapolable al ámbito fiscal. Tan “nuestra” es la Hacienda Foral como la Agencia Tributaria del Estado. Los cuerpos policiales estatales, la Hacienda estatal, son también “nuestros” porque Navarra forma parte de España.
Javier Tajadura Tejada
es Profesor de Derecho Constitucional en la UPV y miembro de Sociedad Civil Navarra.