Por más que algunos políticos intenten huir de la realidad, esta acaba siempre por alcanzarlos. Le ocurrió a Rodríguez Zapatero el 10 de mayo de 2010 y le ha ocurrido a Rajoy el 28 de octubre de 2015. El Presidente, tras una legislatura en la que bajo la coartada de dedicarse a la economía, se ha olvidado por completo de la política, y pocos días después de hacer un balance de su mandato más propio del Consejero Delegado de una empresa, que de un Presidente de Gobierno, se ha dado de bruces con el golpe de Estado contra la Constitución consistente en crear una República catalana independiente de España. Desde la aprobación de la Constitución de 1978 –con la salvedad de lo acaecido el 23 de febrero de 1981- nuestro país no había vivido una crisis política de tal magnitud. La supervivencia misma del Estado está en peligro.
Las fuerzas políticas secesionistas han solicitado la convocatoria de un Pleno del Parlamento catalán –el Pero o llega a celebrarse, se .
el pa a ser asor el PP) sirva pa utilizar para que esa defensa sea efectiva. dos que -segpróximo día 9- para aprobar un texto que materialmente es una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). En la solicitud se pone fecha a la ruptura de la unidad y de la integridad territorial de España. Si el Pleno llega a celebrarse, aprobará una Declaración según la cual los poderes públicos catalanes “no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”. El Parlamento de Cataluña –como soberano- construirá una República catalana. Y para hacerlo, se considerará desvinculado de la legalidad española.
Ante este desafío es preciso una respuesta firme por parte del Gobierno, de los partidos políticos y de toda la sociedad. El Presidente, por primera vez en toda la Legislatura, se ha reunido con los dirigentes de los principales partidos para dirigir una acción coordinada que pueda parar el golpe. De nada sirve ya lamentarse de que no los hubiera llamado hace tres años para tomar la iniciativa política y plantear una oferta de diálogo y negociación a Cataluña. Hace tres años, Artur Mas decía que “la independencia es un concepto caduco” y que CDC no se lo plantea como objetivo político.
Los principales partidos y el Gobierno coinciden en su defensa de la Constitución pero no han avanzado mucho en lo que se refiere a los instrumentos a utilizar para que esa defensa sea efectiva. El Gobierno confía ingenuamente en que la última reforma de la LOTC que permite al Tribunal Constitucional suspender provisionalmente de sus funciones a aquellas autoridades públicas que desobedezcan sus resoluciones, sirva para algo. Pero no va a ser así puesto que la Declaración anticipa ya la voluntad de desobedecer todas las resoluciones del Tribunal Constitucional, incluidas las de suspensión de autoridades. Hemos llegado a un punto en que la apelación al Tribunal Constitucional como Defensor de la Constitución resulta ya inútil. El Tribunal –al margen de que esa no es su función- carece de los instrumentos necesarios para impedir un golpe de Estado.
La pretensión de celebrar el lunes 9 de noviembre un Pleno para aprobar una DUI constituye un quebrantamiento de la Constitución de tal envergadura que justifica la utilización por parte del Gobierno de los instrumentos constitucionales previstos para el supuesto de que una Comunidad Autónoma incumpla gravemente sus obligaciones constitucionales. No puede imaginarse un incumplimiento más grave que pretender la derogación de la Constitución en Cataluña.
Para este tipo de situaciones indeseables, el constituyente estableció el procedimiento del artículo 155 de la Constitución. El procedimiento exige, en primer lugar, que el Gobierno de la Nación formule un requerimiento expreso a las autoridades incumplidoras, en el que se les exija que depongan su actitud. En este caso, el requerimiento lo sería para que el Pleno del Parlamento –con un orden del día que incluye la aprobación de la DUI- no llegara a celebrarse. En el caso de no ser atendido, el Gobierno debe solicitar al Senado –o a su Diputación Permanente- la autorización para actuar contra la Comunidad Autónoma. Las medidas a adoptar deberían incluir por consideraciones de mínima prudencia, la asunción de las competencias relativas a seguridad y orden público. Esto supondría que la policía autonómica quedaría a las órdenes del Gobierno central. Junto a esto, otras deberían afectar también al Parlamento catalán dado que en su actual composición, y a la vista de los últimos acontecimientos, está integrado por una mayoría golpista.
Si –mediante el artículo 155- no se impide que el Parlamento apruebe la DUI, los hechos pueden acabar imponiéndose sobre el Derecho. La independencia de Cataluña se logrará por la vía fáctica y se presentará como un hecho consumado. Ante esa amenaza, los costes políticos de emplear el artículo 155 CE siempre serán menores de los que implicaría la independencia de Cataluña como hecho consumado.
Javier Tajadura Tejada
es Profesor de Derecho Constitucional de la UPV y miembro de Sociedad Civil Navarra